Residencia en prácticas en España: la autorización que casi nadie conoce (guía 2026)

Actualizado a 22 de septiembre de 2026. Hay una autorización de residencia pensada exactamente para lo que miles de estudiantes y recién titulados extranjeros quieren hacer —trabajar en prácticas en una empresa española— y casi nadie la usa. No aparece en los folletos, no la mencionan las universidades y ni siquiera el Ministerio publica por separado cuántas concede. Se llama autorización de residencia para prácticas, vive en la disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2013 y llegó a nuestro ordenamiento escondida dentro de un real decreto-ley sobre compromisos por pensiones. Y hay un detalle que casi nadie conoce: no hace falta haber estudiado en España, ni haber pisado España, ni homologar el título.

La residencia en prácticas en 30 segundos

Una figura nacida dentro de un decreto sobre pensiones

El 11 de mayo de 2016 la Unión Europea aprobó la Directiva (UE) 2016/801, relativa a los requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, intercambio de alumnos o colocación au pair. Su artículo 13 obligaba a los Estados a crear una vía específica para las personas en prácticas.

España la transpuso con el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, publicado en el BOE el 4 de septiembre. Su título completo es revelador: «de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros». Una norma de pensiones y blanqueo que, en su Título III, modificó de un plumazo la Ley 14/2013 y el Reglamento de Extranjería de 2011.

Tres meses después, el 21 de diciembre de 2018, la Dirección General de Migraciones dictó las Instrucciones DGM 4/2018 sobre la transposición de la Directiva 2016/801/UE en materia de prácticas. Siguen siendo, a día de hoy, el único desarrollo interpretativo de la figura, y el Ministerio las mantiene citadas como normativa básica.

El escenario que casi nadie conoce: estudiaste fuera y nunca has pisado España

No hace falta haber estudiado en España. No hace falta haber estado nunca en España. No hace falta homologar el título. Un ingeniero graduado en Bogotá, una economista titulada en Caracas, un arquitecto de Lima o una diseñadora de Ciudad de México que hayan terminado sus estudios superiores en los dos años anteriores pueden obtener una autorización de residencia española para venir a hacer prácticas, tramitándolo íntegramente en origen.

Lo dice la norma, y lo dice dos veces

La DA 18.ª.1 habla de quienes hayan obtenido un título superior en los dos años anteriores «o que estén realizando estudios que conduzcan a la obtención de un título de educación superior en España o en el extranjero». Y la letra b) del apartado 4 —la que fija el requisito— no contiene ninguna acotación territorial.

Y para quien está cursando los estudios fuera de España, la Instrucción no se limita a permitirlo: lo configura como la vía obligada — «En aquellos casos en los que los estudios se estén realizando en el extranjero, se deberá solicitar esta autorización de residencia para prácticas».

Sin homologación: la confusión más cara

Es la pregunta que más recibimos. Ni la DA 18.ª, ni la Instrucción DGM 4/2018, ni la hoja informativa oficial del Ministerio mencionan la homologación ni la declaración de equivalencia. El único trámite sobre el documento extranjero es estar traducido y legalizado por la oficina consular española o, en su caso, por Exteriores, salvo que esté apostillado conforme al Convenio de La Haya de 1961.

Tiene lógica jurídica: la homologación (Real Decreto 889/2022) sirve para que un título extranjero produzca efectos académicos o profesionales en España. La DA 18.ª no pide eso: pide el hecho de haber obtenido el título. Confundir ambos planos hace que mucha gente descarte esta vía o pierda un año en un trámite que aquí no se le va a exigir.

La matización honesta: si las prácticas son en una profesión regulada —sanidad, arquitectura, abogacía, ingenierías con atribuciones reservadas—, el reconocimiento profesional o la colegiación pueden ser exigibles para ejercer. Es un problema de habilitación profesional, no de concesión de la autorización, pero hay que resolverlo antes de diseñar el programa.

Lo que sí hay que trabajar: campo académico y nivel de cualificación

Donde no hay homologación, hay juicio administrativo. La DA 18.ª.4.c) exige que las prácticas se efectúen «en el mismo campo académico y al mismo nivel de cualificación» que el título, y ningún criterio publicado desarrolla qué significa. Se valora contrastando el convenio con el título, y es el motivo de denegación más frecuente. Por eso el expediente se construye con un mapeo explícito entre titulación y tareas, la certificación académica con el plan de estudios traducida, y el anclaje del nivel en el Marco Europeo de Cualificaciones (grado = nivel 6, máster = nivel 7).

Requisitos: lo que hay que acreditar

1. Convenio de prácticas o contrato formativo

Debe contemplar formación teórica y práctica. La Instrucción es tajante: «deberá quedar acreditado que se recibirá una formación real y no serán empleadas como el resto de trabajadores». El contenido mínimo del convenio es el de la DA 18.ª.4.a):

1. Descripción del programa de prácticas, incluido el objeto educativo o los componentes de las prácticas
2. Duración de las prácticas
3. Condiciones de las prácticas y de su supervisión
4. Horas de prácticas
5. Relación jurídica entre la persona en prácticas y la entidad de acogida

Un detalle que ahorra disgustos: el convenio no necesita aprobación previa de ninguna autoridad. La directiva permitía exigirla; España decidió no hacerlo, y la Instrucción dice expresamente que «no ha de exigirse».

2. Adecuación entre las prácticas y el título

Mismo campo académico y mismo nivel de cualificación. No basta afirmar que hay relación: hay que demostrarla con el plan de estudios y la descripción funcional del programa.

3. Seguro de enfermedad

Público o privado, con entidad autorizada para operar en España, que cubra todos los riesgos cubiertos normalmente para los nacionales —el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud— y que se mantenga durante toda la vigencia. Si la entidad de acogida suscribe un seguro por la persona dentro de un programa, se entiende suficiente. Y si hay contrato o remuneración, tras el alta en la Seguridad Social la asistencia sanitaria pasa a formar parte de la acción protectora.

4. Medios económicos suficientes

100 % del IPREM mensual, o 50 % si se acredita el alojamiento abonado de antemano. La Instrucción abre expresamente el abanico probatorio: «cualquier medio de prueba» y «análisis individualizado», admitiendo medios propios o de familiares, subvenciones, ayudas, becas o una declaración de toma a cargo de la entidad de acogida. Es de las previsiones más flexibles de todo el ordenamiento de extranjería, y está infrautilizada.

5. Antecedentes penales

Carecer de antecedentes por delitos previstos en el ordenamiento español, referidos a los países de residencia de los últimos cinco años. Excepción muy útil: quien ya sea titular de una autorización previa superior a seis meses no tiene que aportarlo de nuevo, porque se entiende acreditado en la primera solicitud.

6. Requisitos de la entidad de acogida

Acreditar su personalidad jurídica, estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social (se comprueba de oficio) y abonar la tasa.

Convenio de prácticas o contrato: la decisión que lo cambia todo

La DA 18.ª admite dos instrumentos. No son intercambiables: la elección condiciona la duración, la Seguridad Social, el seguro médico y hasta la posibilidad de trabajar.

El problema del «contrato de trabajo en prácticas» que ya no existe

Es la grieta más seria de toda la regulación. La DA 18.ª y la Instrucción DGM 4/2018 hablan de «contrato de trabajo en prácticas» y remiten al artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores. Ese contrato ya no existe: el Real Decreto-ley 32/2021 lo suprimió con efectos de 30 de marzo de 2022 y lo sustituyó por el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional del artículo 11.3 ET, desarrollado por el Real Decreto 1065/2025, de 26 de noviembre, en vigor desde el 17 de diciembre de 2025.

Es una remisión a norma derogada. La lectura razonable es entenderla hecha a la figura vigente, por continuidad normativa. Pero genera tres fricciones reales:

Seguridad Social: la obligación que cambió las reglas en 2024

Desde el 1 de enero de 2024, la disposición adicional 52.ª de la Ley General de la Seguridad Social obliga a dar de alta a quienes realizan prácticas formativas, incluidas las no remuneradas.

• Encuadramiento: asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General.
• Sujeto obligado: en prácticas remuneradas, la entidad que financia el programa; en no remuneradas, la empresa donde se desarrollan, salvo que el convenio lo atribuya al centro de formación.
• Acción protectora: asistencia sanitaria, contingencias profesionales, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante embarazo y lactancia. Quedan excluidos en todo caso el desempleo, el FOGASA y la formación profesional; en no remuneradas se excluye además la incapacidad temporal por contingencias comunes.
• Reducción: 95 % de la cuota por contingencias comunes.
• Trámites: código de cuenta de cotización específico, alta y baja en 10 días naturales, comunicación trimestral de los días efectivos.
• Cotización de las no remuneradas (Orden PJC/297/2026, BOE de 31 de marzo): 2,88 € diarios por contingencias comunes, con tope de 65,42 € al mes, y 0,35 € por contingencias profesionales —0,18 € de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 0,17 € de incapacidad, muerte y supervivencia—, con tope de 7,95 €. Quedan fuera del mecanismo de equidad intergeneracional y de la cotización adicional de solidaridad. Cada día computa como 1,61 días cotizados.

Conviene seguir además la tramitación del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral —el «Estatuto del Becario»—, cuyo proyecto de ley aprobó el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2026 y que sigue en tramitación parlamentaria, sin fecha prevista de aprobación. Prevé compensación obligatoria de gastos, doble tutorización y refuerzo sancionador.

Procedimiento paso a paso

Elige tu punto de partida y verás la ruta que te corresponde:

Duración y renovación: por qué medio internet sigue diciendo «6 meses»

La redacción original de la DA 18.ª.6, introducida por el RDL 11/2018, sí decía seis meses. Fue modificada —primero por la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, y después por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, disposición final quinta, que es la que cita el propio Ministerio— para quedar así:

Conviene saberlo con claridad: la instrucción QUINTA de la Instrucción DGM 4/2018 está superada en este punto concreto. Sigue siendo plenamente útil para definiciones, requisitos y procedimiento, pero su regla de duración quedó desfasada. La hoja informativa oficial, actualizada en septiembre de 2025, ya recoge los 12 y los 24 meses.

Curiosidad de lectura atenta: en la versión publicada de la Instrucción DGM 4/2018, la numeración salta de la instrucción QUINTA a la SÉPTIMA.

Qué NO es: las tres vías, ordenadas

Desde el RD 1155/2024 —el nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo de 2025— el mapa cambió. El reglamento derogó íntegramente el RD 557/2011 y suprimió tanto la estancia por prácticas no laborales como la residencia y trabajo de duración determinada para formación y prácticas. Las Instrucciones SEM 3/2025 lo confirman: esas figuras pasan a regirse por la Ley 14/2013.

Traducción práctica: desde mayo de 2025, para las prácticas que no son curriculares, la DA 18.ª ya no es una vía más entre varias. Es la vía.

Familiares: el punto débil de la figura

Hay que decirlo sin adornos: la residencia para prácticas no contempla la reagrupación familiar. Lo que sí cabe, según la Instrucción SÉPTIMA:

• Pueden acompañar al titular los familiares que ya se encontraban en España con una autorización previa como familiar.
• La solicitud puede presentarse conjuntamente con la del principal.
• Medios: 75 % del IPREM el primer familiar y 50 % cada uno de los restantes.
• Plazo de 30 días, también con silencio positivo.
• La autorización del familiar expira cuando expira la del principal.
• Los familiares no tienen derecho a trabajar mientras sean titulares de esta autorización como familiares.

¿Y después de las prácticas? Las salidas

Modificación a residencia y trabajo

La vía natural es la modificación a residencia y trabajo, por cuenta ajena o propia, o el salto a una figura cualificada de la Ley 14/2013 (profesional altamente cualificado, traslado intraempresarial, emprendimiento). Para la empresa que ya ha tenido a la persona un año, es la continuación lógica.

Residencia para búsqueda de empleo: ojo con este punto

La DA 17.ª permite permanecer hasta 24 meses para buscar empleo o emprender, pero su presupuesto es haber finalizado estudios superiores de nivel MECES/EQF 6 como mínimo. No es una salida automática desde la residencia para prácticas «pura». Sí lo sería para quien, estando también cursando estudios superiores, los finaliza. Es un matiz que se planifica al principio, no al final.

Cómputo a efectos de nacionalidad

Aquí está, a nuestro juicio, el verdadero valor oculto de esta figura. La estancia por estudios es estancia, y el criterio consolidado de los tribunales es que no computa del mismo modo que la residencia a efectos de nacionalidad española por residencia. La residencia para prácticas es una autorización de residencia.

Para un estudiante latinoamericano —que accede a la nacionalidad con dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud— pasar de la estancia por estudios a una residencia para prácticas de hasta 24 meses puede ser la diferencia entre empezar a contar y no empezar. Depende del encadenamiento posterior de autorizaciones y merece un análisis individual, pero es la razón por la que miramos siempre esta figura cuando un cliente termina un máster en España.

Una limitación que conviene saber de antemano

Esta autorización no da movilidad dentro de la Unión Europea para hacer prácticas en otro Estado miembro. La Directiva 2016/801 reserva su capítulo de movilidad a investigadores, estudiantes y familiares; no hay artículo de movilidad para personas en prácticas, y España solo transpuso la de investigadores. Con la TIE en vigor se circula por Schengen como cualquier residente, pero las prácticas solo pueden desarrollarse en España.

Los datos: por qué decimos que es una figura desconocida

• España tenía 94.465 personas extranjeras con autorización de estancia por estudios en vigor a 30 de junio de 2026, un 122 % más que cinco años antes.
• En 2024 se concedieron 118.947 autorizaciones de estancia por estudios, de las que 78.146 fueron para estudios superiores. Colombia (14.124), Estados Unidos, China y Perú (9.391) encabezan la lista.
• Solo en 2024, 944.547 jóvenes fueron dados de alta en la Seguridad Social por prácticas no remuneradas. Entre enero de 2024 y junio de 2025, 1.580.637 estudiantes cotizaron al menos un día por prácticas.
• Las autorizaciones concedidas al amparo de la Ley 14/2013 alcanzaron 79.720 en 2025.

¿Y cuántas de residencia para prácticas? El Ministerio no publica la cifra por separado. La categoría «Prácticas» figura expresamente en la metodología del Observatorio Permanente de la Inmigración, pero ni la nota estadística anual ni las notas de prensa la desglosan.

Doce errores que hacen fracasar el expediente

1. Que la solicitud la presente la persona extranjera. Solo la entidad de acogida está legitimada.
2. Calcular mal los dos años. Se cuentan hasta la fecha de solicitud, no hasta el inicio de las prácticas.
3. Un convenio genérico, sin los cinco contenidos mínimos ni formación teórica y práctica real.
4. No acreditar la adecuación entre campo académico, nivel de cualificación y funciones.
5. Seguro médico insuficiente: pólizas de viaje, con copagos, con carencias o de aseguradora no autorizada en España.
6. Documentos extranjeros sin apostillar ni traducir.
7. Olvidar el alta en la Seguridad Social con convenio, creyendo que «si no hay contrato, no hay obligación».
8. Firmar un contrato formativo con la persona aún cursando estudios, incompatible con el art. 11.3 ET.
9. Dar por hecha la reagrupación familiar. No existe en esta figura.
10. Confiar en información desactualizada que sigue hablando de seis meses, del RD 557/2011 o del art. 11.1 ET.
11. Homologar el título extranjero «por si acaso». No se exige, cuesta dinero y puede llevar más de un año.
12. Apurar los 90 días de estancia cuando se solicita estando ya en España como turista.

Preguntas frecuentes

Normativa y documentos

En España Abogados publicamos siempre nuestra propia copia de los documentos y, a continuación, el enlace a la fuente oficial:

• Instrucciones DGM 4/2018, de 21 de diciembre, sobre la transposición de la Directiva 2016/801/UE: prácticas — descargar copia de España Abogados (PDF) · fuente oficial
• Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (Título III: modificación de la Ley 14/2013) — fuente oficial
• Hoja informativa 21 — Autorización de residencia para prácticas (septiembre de 2025) — descargar copia de España Abogados (PDF) · fuente oficial

Sobre el autor. Félix España, abogado colegiado n.º 127450 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, es director de España Abogados, despacho especializado en movilidad internacional, extranjería, fiscalidad, emprendimiento y nacionalidad española.

Este artículo tiene carácter informativo y refleja la normativa vigente a 22 de septiembre de 2026. No sustituye al asesoramiento jurídico individualizado. Las cuantías de tasas, IPREM y cotización se revisan periódicamente. Las herramientas interactivas son orientativas y no constituyen una resolución administrativa.